Las elecciones del 12 de mayo han reavivado el interés en la inversión del Estado en Cataluña. A pesar de las percepciones de infrafinanciamiento y las disputas sobre la distribución de fondos, el análisis revela un panorama complejo.

En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un apartado se dedica a la distribución territorial de la inversión pública. Según datos del 2023, Cataluña lidera con 2.521,4 millones de euros, evidenciando un aumento del gasto público por habitante desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

Según Hacienda, estos datos deben ser considerados con cautela debido a sus limitaciones, pero resultan significativos al analizar la proporción poblacional y su variación temporal. Cataluña lidera con un aumento del 86,6% desde 2018, seguida de cerca por otras comunidades.

Cataluña no recibe la mayor asignación per cápita, pero ha experimentado un crecimiento notable desde 2018, situándose en 319,1 euros por persona. Este aumento del 79,5% es destacable en comparación con otras regiones.

Las críticas a la inversión pública en Cataluña forman parte de un debate más amplio sobre la financiación regional. Los nacionalistas catalanes buscan un modelo similar al de Navarra y el País Vasco. Recientemente, el Govern presentó un modelo que propone recaudar el 100% de los ingresos generados en Cataluña, generando controversias sobre su viabilidad económica.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, destacó en el Congreso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transferido a Cataluña 50.000 millones más que el gobierno anterior. Además, se anunció una condonación de 15.000 millones de euros de deuda. Estos datos refuerzan la narrativa de un compromiso gubernamental con Cataluña.