La Fiscalía General del Estado ha suscrito un convenio con las asociaciones bancarias que pretende evitar «abusos económicos, las estafas o los fraudes» de los que pueden ser víctimas las personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad

El protocolo establece un canal de comunicación directa entre la sucursal bancaria y la Fiscalía competente, para alertar de operaciones sospechosas en las cuentas de clientes vulnerables y solicitar medidas judiciales que protejan su patrimonio.

En este sentido, el protocolo, ha sido firmado en la sede del Banco de España por la Fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, en nombre de la Fiscalía, y los representantes de las asociaciones bancarias, en concreto, la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

En concreto, el protocolo articula una fluida comunicación entre los bancos y las fiscalías territorialmente competentes. Este sistema de colaboración permitirá alertar de manera inmediata de movimientos financieros y disposiciones económicas que se hayan podido detectar y que pongan en peligro el patrimonio de estas personas, cuando haya sospechas de la existencia de intereses fraudulentos, influencias indebidas o voluntades cautivas.

En estos casos, la entidad bancaria pondrá el asunto directamente en conocimiento de la Fiscalía correspondiente para que pueda evaluar el caso e impulsar, si lo entiende necesario, la adopción ante el juzgado de medidas cautelares que protejan de inmediato el patrimonio de la persona afectada.

«Mediante este protocolo se aprovecha el conocimiento que tienen las entidades bancarias tanto de sus clientes como de sus operaciones habituales, en la medida en que pueden detectar operaciones y disposiciones de dinero anormales en la operativa habitual de estos usuarios», ha explicado María Segarra.

La rapidez en la identificación de estas situaciones y en la adopción de medidas cautelares es un factor clave que se potencia con el acuerdo suscrito, permitiendo acelerar la intervención judicial y minimizando así el riesgo de expolio de las cuentas o de los ingresos de los afectados.

«Proteger el dinero con el que cuentan estas personas para que esté disponible para sus necesidades presentes y futuras es fundamental para garantizar su derecho a la salud y a la tranquilidad emocional», ha resaltado Segarra.

Además de estas actuaciones, la Fiscal de Sala ha subrayado que la alerta de las entidades bancarias servirá también para que las fiscalías puedan iniciar diligencias para averiguar si la persona afectada necesita que se le provea de figuras de apoyo para reforzar su toma de decisiones, o si los apoyos con que cuenta son suficientes o idóneos.