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El Diario de Cantabria

TRIBUNALES

El Juzgado de Santoña archiva la causa contra Puerto Gallego nueve meses después de dejar su escaño en el Congreso

La socialista Puerto Gallego. / E. Press
La socialista Puerto Gallego. / E. Press
El Juzgado de Santoña archiva la causa contra Puerto Gallego nueve meses después de dejar su escaño en el Congreso

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Santoña ha archivado la causa que llevó a la socialista Puerto Gallego a renunciar a su escaño como diputada nacional en el Congreso, después de que el Tribunal Supremo, dada su condición de aforada, decidiera en septiembre del año pasado investigarla por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos durante su mandato como alcaldesa de Santoña.

Tras la renuncia de Gallego y la consiguiente pérdida del aforamiento, la causa retornó al juzgado de Santoña, que nueve meses después ha acordado su archivo en un auto sin fundamentación jurídica y sin que la jueza instructora, que no es la misma que conoció el asunto en 2013, haya siquiera llamado a declarar a la exdiputada.

En el procedimiento, que se inició en 2009 a raíz de una denuncia del entonces concejal Leoncio Calle Pila, del Movimiento Falangista, a la que luego se sumó el PP, también estaban imputados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle.

El Tribunal Supremo abrió causa contra la exdiputada del PSOE después de que un año antes, en septiembre de 2015, la Audiencia Provincial de Cantabria validara la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego, por fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros).

Todos ellos declararon, en octubre de 2013, como imputados por presunta prevaricación administrativa ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, ante la cual aseguraron que no habían cometido "ningún delito". En dicha ronda de interrogatorios no se incluyó a la alcaldesa, por su condición de aforada, al ser diputada en el Congreso por Cantabria.

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