El Ayuntamiento de Piélagos ha iniciado la demolición de las cinco primeras viviendas ilegales de Cerrias, construidas en Liencres, acatando de esta manera las sentencias que condenan al derribo a estas casas situadas a escasos metros de la costa.

El consejero de Fomento y Ordenación del Territorio, Roberto Media, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, se han acercado hasta la urbanización de Cerrias II, donde se encuentran las cinco viviendas que serán derribadas durante este mes.

Los propietarios de las viviendas han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria, a través de la empresa pública Gesvicán, y han sido indemnizados.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos ejecutan así las primeras sentencias de derribo que pesan sobre un total de 22 viviendas en Cerrias II y 17 en Cerrias I, a las que se suman otras 20 en Entrelindes, y 21 viviendas en el área L05.

Caramés ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que es una situación que llevan padeciendo las familias de Cerrias más de 25 años porque no sabían cuándo se iban a derribar sus viviendas, que cuentan con sentencias de derribo de 1998 y de 2001.

"Nos ponemos en el lugar de todos estos propietarios que llevan muchísimos años sufriendo por unas consecuencias que ellos no cometieron porque compraron estas viviendas en un suelo urbano consolidado y que no tenía ningún problema", ha asegurado el consejero.

Media ha subrayado que, como responsables políticos, no les queda más remedio que cumplir con las sentencias de derribo pero, a su juicio, es "un día triste" porque cree que hace mucho tiempo que se tendría que haber llegado a un acuerdo que salvase a estas viviendas de ser demolidas.

"Esto es culpa de todos y como ya dijimos en su momento, el Gobierno y los ayuntamientos, estuviera gobernando quien estuviera, cometieron unos errores que los pagan los vecinos que no tienen ninguna culpa", ha añadido.

Asimismo, ha explicado que siguen trabajando desde la cercanía con los vecinos de Cerrias que aún no han entregado las viviendas que tienen sentencias de derribo para ayudarles "lo máximo posible" porque entienden su situación.

El alcalde ha señalado que solo son las casas las que tienen sentencias de derribo, por lo que las aceras y el resto de servicios se mantendrán, ya que hay una depuradora que da servicio al resto de la zona de Liencres.

"Aquí se anulan las licencias porque el suelo se consideró que no cumplía los requisitos de suelo urbano, esto es responsabilidad de todos y no de un grupo en concreto", ha añadido.

La urbanización Cerrias I fue declarada ilegal en septiembre de 1998 porque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) encontró dos irregularidades en la licencia: la primera, que se había autorizado la construcción en unos terrenos que no reunían los requisitos que exige la Ley del Suelo para ser urbanos y, la segunda, que tenía un grave impacto paisajístico, porque desfiguraba las perspectivas de las playas de Cerrias y Portio.

Esa sentencia fue confirmada en octubre de 2002, con la única salvedad de que el Tribunal Supremo no consideró suficientemente acreditado el impacto paisajístico que describía el perito consultado por el TSJC. Sin embargo, el Supremo estimó que el resto de irregularidades detectadas justificaban la demolición.

En 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria rechazó los recursos del Ayuntamiento de Piélagos y de los afectados contra la orden para iniciar el derribo de la urbanización Cerrias I.

Y en 2018 ordenó al Consistorio iniciar el procedimiento para derribar las viviendas con sentencias de demolición de Cerrias, pidiendo un plan de actuación y fijar la cantidad estimada para prestar garantías a los propietarios.

Ese mismo año, el TSJC aceptó la propuesta del Ayuntamiento del calendario de ejecución de la sentencia que condena al derribo de las 39 viviendas ilegales de Cerrias, construidas en Liencres, empezando por las 17 que se encuentran ubicadas en línea de costa.