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El Diario de Cantabria

SERVICIOS SOCIALES

El Gobierno reitera su compromiso con el CAD de Sierrallana

Los trabajadores exigen que quienes tengan que salir del centro por esos trabajos lo hagan «a última hora», que vayan a uno público, el de Laredo o Cueto, y que «regresen».

El ICASS calcula que unos veinte residentes saldrán del centro por las obras que se realizarán y la plantilla y las familias piden que «vuelvan».

Trabajadores del CAD de Sierrallana durante una concentración. / ALERTA
Trabajadores del CAD de Sierrallana durante una concentración. / ALERTA
El Gobierno reitera su compromiso con el CAD de Sierrallana

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales calcula que en torno a una «veintena» de residentes del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) Sierrallana deberán abandonar estas instalaciones de Torrelavega con motivo de las obras de mejora previstas. Así lo indicó la directora del ICASS, Felisa Lois, durante la reunión que mantuvo ayer con representantes de los trabajadores y de las familias, que han exigido al Gobierno PRC-PSOE que durante los trabajos los usuarios no sean derivados a un centro privado, sino públicos -el CAD de Laredo o Cueto- y que «vuelvan» a Sierrallana cuando concluyan las reformas.

Lo señalaron así Marga Monteoliva y Toñi Collantes, que actuaron como portavoces de familiares y plantilla, respectivamente, tras el encuentro, en el que también estuvieron presentes el presidente y la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Miguel Angel Revilla y Eva Díaz Tezanos, y en el que acordaron volver a reunirse cada «mes» o «mes y medio».

La directora del ICASS indicó que el número de residentes que saldrán por las obras se decidirá en función de las necesidades que se planteen cuando se acometan, pero calcula que será «alrededor de la veintena».

Lois defendió estos trabajos de mejora, porque «hay que ser ambiciosos», señaló, para generar estructuras «punteras y referentes» en el sistema público de atención a la dependencia y la discapacidad, y no solo, indicó, para Cantabria, sino también para que el resto de comunidades autónomas puedan contemplar estos centros como recursos a utilizar. Según precisó, las obras se van a desarrollar inicialmente en uno de los módulos, pero hay que «ir pensando en el resto del centro». «Esto es como lo que ocurrió en Valdecilla», comentó la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, para recordar los «retos» que en su día se planteó el hospital para ser un centro de referencia. «Nosotros tenemos esa ambición sana», reiteró. Además, apuntó que la reforma va a ser un «reto» para los profesionales que trabajan en el CAD, porque además de mejorar la atención a los residentes, los empleados van a desempeñar su labor en el marco de «nuevos diseños estructurales» que hará que «muy probablemente precisemos de más plantilla».

En representación de estos últimos actuó como portavoz Toñi Collantes, quien aclaró que los trabajadores del CAD Sierrallana no se oponen a las obras, sino que les parece «perfecto» que se acometan. Eso sí, exigen que los residentes que tengan que salir del centro por esos trabajos lo hagan «a última hora», que vayan a uno público -el de Laredo o Cueto- y que «vuelvan» a Torrelavega una vez concluyan las reformas. «Si tienen que salir, que regresen», indicó la portavoz de la plantilla, que ha pedido también que no disminuya el número de plazas en el CAD.

En cuanto a la reunión, echó en falta compromisos y «por escrito», ya que salieron del encuentro sin «ninguno».

Por su parte, Marga Monteoliva manifestó, en nombre de las familias de usuarios del CAD Sierrallana, que este tipo de obras son «necesarias», de ahí que den la bienvenida a las mejoras previstas. Ahora bien, los familiares quieren que el Ejecutivo PRC-PSOE les garantice que los usuarios que vayan a salir «vuelvan» a este centro antes de que el bipartito pueda ser «sucedido», esto es, antes de que termine la presente legislatura, en mayo de 2019. Monteoliva ha recordado que se trata de un colectivo «severo», que cuenta con una «amplitud de déficits», tanto físicos como sensoriales, de ahí que «lo fundamental» en todo este proceso sea la «adaptación» de estas personas.

Cumplir los plazos. De igual modo, piden que los plazos de las obras previstos «se cumplan», y en este punto la portavoz del colectivo ha indicado que a algunos familiares -de los residentes que podrían ser trasladados- se les ha presentado un escrito según el cual se daba como fecha de vuelta «a la finalización de las obras», y que si bien en un principio «hablaron» de 18 meses, después han rebajado ese plazo a 12 meses, según señaló. Respecto a la financiación, explicó que les han trasladado que la inversión para realizar las obras se prevé en los presupuestos de 2018. Así las cosas, las familias quieren que desde el Gobierno les aclaren y resuelvan todas «estas incógnitas».

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