El Gobierno de Cantabria ha tomado la decisión de recurrir la resolución emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que en virtud de la nueva legislación en materia de Costas, ha reducido drásticamente el período de duración de las concesiones de terrenos en dominio público marítimo-terrestre que existían con anterioridad a la última modificación de la ley, pasando de 75 a tan solo 5 años.

Este cambio normativo ha generado una profunda preocupación en la comunidad afectada, que comprende principalmente a propietarios de explotaciones agropecuarias de pequeña envergadura, pero de gran valor tanto para la economía local como desde el punto de vista medioambiental. Es en este contexto que el Gobierno de Cantabria ha decidido interponer un recurso en defensa de los derechos de estos ciudadanos.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, había manifestado previamente su compromiso con los afectados por este cambio legislativo, asegurándoles que el Gobierno regional los respaldaría en todo lo posible, tanto desde una perspectiva legal como humanitaria. En este sentido, el recurso presentado tiene como objetivo principal proteger los derechos de estos ciudadanos ante lo que el Gobierno cántabro considera una decisión arbitraria por parte del Ministerio. Este requerimiento previo a la vía contenciosa-administrativa es también un reflejo de la preocupación expresada por la Junta Vecinal de Carasa, el Ayuntamiento de Voto y los 50 propietarios de 11 explotaciones ganaderas que se ven directamente afectados por la resolución ministerial liderada por la ministra Teresa Ribera.

Según José Luis Thomas, presidente de los afectados por la ley de Costas y de la Sociedad de las Marismas de Carasa, esta resolución es percibida como una injusticia que incumple el principio de igualdad de trato con respecto a otros concesionarios, no solo en Cantabria sino en todo el territorio nacional. Hasta la modificación de la ley de Costas, a estos concesionarios se les otorgaba una prórroga de 75 años, una práctica que ahora se ha alterado drásticamente.

La respuesta del presidente de la Junta Vecinal de Carasa, Jesús San Emeterio, ha sido de agradecimiento hacia el Gobierno de Cantabria por su apoyo «sin precedentes» en la lucha por revertir esta decisión ministerial que amenaza la estabilidad de estas explotaciones agropecuarias.

El Gobierno central, por su parte, tiene un plazo de un mes para responder a este requerimiento presentado por el Gobierno de Cantabria antes de que se inicie el proceso contencioso-administrativo. La decisión que tome tendrá un impacto significativo en el futuro de las concesiones costeras y en la vida de los afectados por esta polémica modificación de la ley de Costas.