En el período comprendido entre enero y agosto del presente año, se registró un aumento en la ocupación de viviendas en la comunidad autónoma de Cantabria, con un total de 62 casos, en comparación con los 57 incidentes reportados en el mismo lapso del año anterior. Estos datos, proporcionados por el Ministerio del Interior, sitúan a Cantabria entre las cinco regiones del país donde se ha observado un incremento en este tipo de infracciones penales.

A nivel nacional, se contabilizaron 10.345 ocupaciones de viviendas en el territorio español durante el mencionado período, reflejando una disminución del 11,2 por ciento en comparación con el mismo lapso del año anterior, cuando se registraron 11.655 casos.

Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma con el mayor número de ocupaciones, alcanzando la cifra de 4.218 hasta agosto. No obstante, es importante destacar que se evidencia un significativo descenso del 14,3 por ciento en relación al mismo período del año anterior. A su vez, se observó una disminución en estas infracciones penales en la mayoría de las comunidades autónomas, así como en Ceuta y Melilla, con excepción de Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y País Vasco, donde se experimentó un aumento.

Los datos proporcionados por el Ministerio del Interior no realizan una distinción entre los dos tipos penales asociados a este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Estas clasificaciones jurídicas son realizadas posteriormente por el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia, según recalca el departamento ministerial.

En meses anteriores, la Fiscalía General del Estado emitió una instrucción que clarifica que el allanamiento se refiere a la intrusión en viviendas y segundas residencias, lugares donde el propietario desarrolla su vida privada e intimidad. Por otro lado, la usurpación se refiere a inmuebles y viviendas deshabitadas y vacías, que no constituyen morada de nadie.

Además, el Ministerio del Interior ha tomado medidas para mejorar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en casos de desalojos inmediatos ante ocupaciones flagrantes y de desalojos cautelares en el resto de los casos de usurpación de viviendas.

Según la información recopilada en la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022, tan solo el 0,16 por ciento de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento. Durante el mismo período, se iniciaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, lo que representa un 9 por ciento menos que en el año anterior, y se registraron 96 casos de allanamiento.

Preocupación ciudadana. En Cantabria, el fenómeno de la ‘okupación’ genera una creciente preocupación, evidenciada por el 81% de los habitantes que lo consideran un problema social en España, según un estudio de una aseguradora. Este porcentaje supera la media nacional del 77%. Cataluña (83%), Andalucía (81%), y Cantabria lideran las regiones con mayor inquietud, mientras que Navarra, Galicia y la Comunidad Valenciana muestran menor preocupación.

El estudio revela que el 24% de los españoles percibe posibilidades «medias o altas» de ser ‘okupados’. Datos del Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial indican un aumento del 37% en casos de ‘okupación’ entre 2018 y 2022, con más de 75.000 denuncias y 15.000 procedimientos civiles en ese período.

Además, el 31% de los encuestados tiene conocimiento directo o indirecto de algún caso, destacando un 39% en las Islas Baleares. Cataluña (650 casos denunciados en 2022), Andalucía (535) y la Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor incidencia.

En el Parlamento. El pasado 20 de noviembre, el tema de la okupación de viviendas llegó al Parlamento cántabro. Y es que en una sesión parlamentaria caracterizada por tensiones y posturas opuestas, Vox se encontró en una posición aislada al respaldar una iniciativa que proponía que los ayuntamientos bonificaran el 100% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de inmuebles okupados ilegalmente en Cantabria. La propuesta, que generó un intenso debate, fue objeto de votos en contra por parte de los representantes del PSOE y del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), y de la abstención por parte del Partido Popular (PP). En el centro del argumento de Vox se encontraba la consideración de que la medida era una respuesta necesaria a un problema social de primer orden: la okupación ilegal de viviendas. La formación, liderada por Santiago Abascal, sostuvo que no era justo que los propietarios, ya afectados por la situación de okupación, tuvieran que asumir el pago del IBI año tras año. Consideraron que su propuesta, aunque modesta, constituía una medida «sensata» y «muy necesaria» para aliviar el «dolor» de las víctimas de la okupación.

Los «escandalosos» índices de Okupación. Vox expresó su preocupación por los «escandalosos» índices de okupación tanto en Cantabria como en el conjunto de España, señalando una «falta de protección real» hacia las víctimas por parte de las Administraciones. La formación política-social argumentó que la regulación existente iba en la «dirección equivocada» y sostenía que era necesario replantearse cómo abordar este fenómeno social.

A pesar de coincidir con Vox en el análisis del problema, el Partido Popular expresó su reticencia a respaldar la propuesta en su forma actual. Si bien compartieron la preocupación sobre la okupación, argumentaron posibles «efectos indeseados» que podrían derivarse de la implementación de la medida. Temían que la bonificación del IBI pudiera desincentivar a los bancos a iniciar procesos de desalojo, ya que esto implicaría asumir el pago del impuesto. En este sentido, el PP sugirió que la solución al problema podría encontrarse en modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil o el Código Penal.

Cabe destacar que el PP había presentado una enmienda de modificación, aunque la Mesa no la admitió a trámite. Ante esta situación, el PP solicitó a Vox dejar sobre la mesa la iniciativa para abordarla en otra sesión, pero el proponente no accedió a esta petición. Esta discrepancia refleja la profundidad de las divisiones y la dificultad para llegar a un consenso sobre cómo abordar la problemática de la okupación.

Por su parte, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se manifestó en contra de la propuesta de Vox, argumentando que la medida no distinguía entre propietarios particulares y grandes tenedores o entidades financieras. Según el PRC, esta falta de discriminación podría llevar a que los grandes tenedores o entidades financieras evitasen presentar denuncias para no desalojar a los okupantes y, por ende, evitar el pago del impuesto. Además, el PRC criticó que la propuesta mostraba «poca sensibilidad» con aquellos perjudicados que no eran propietarios directamente afectados por la okupación.

En medio de este complejo debate, el PSOE también se mostró en desacuerdo con la propuesta de Vox, a pesar de compartir la preocupación por los afectados por la okupación. El PSOE consideró que la solución propuesta por Vox no era la adecuada para abordar el problema. Esta divergencia refleja la complejidad del tema y la necesidad de explorar diversas perspectivas y enfoques para encontrar una solución equitativa y eficaz.

En última instancia, la propuesta de Vox no solo plantea cuestiones relacionadas con la okupación en sí, sino también con la capacidad del sistema político para abordar de manera efectiva un problema social complejo y multidimensional. La falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas subraya la necesidad de un diálogo más profundo y la búsqueda de soluciones que equilibren los derechos de los propietarios con la protección de los afectados por la okupación.