En una minuciosa revisión ordenada por el Ministerio de Transportes, se han desvelado complicaciones significativas en el contrato de trenes destinados a Cantabria y Asturias. La investigación ha arrojado luz sobre serios fallos de coordinación entre las entidades involucradas, destacando la falta de sincronización entre las empresas públicas Adif y Renfe, junto con la participación de la empresa privada CAF.

El punto de inicio de esta problemática se remonta a la publicación por parte de Renfe de pliegos de contrato que contenían información inexacta sobre las medidas de los trenes. La auditoría encargada por el Ministerio revela una cadena de eventos donde la falta de coordinación y comunicación efectiva entre las partes involucradas ha llevado a una situación crítica.

El informe destaca que, de haberse solicitado información a tiempo, Renfe podría haber evitado este dilema. En particular, si Renfe hubiera requerido a Adif los datos sobre la red de ancho métrico en la fase de preparación del contrato, habría podido constatar de manera absoluta que las especificaciones técnicas del tren no cumplirían con el gálibo requerido.

Es crucial señalar que Adif proporcionó documentación a CAF en noviembre de 2020, evidenciando los problemas dimensionales de los trenes antes de la firma del contrato. No obstante, se observa con preocupación que esta información vital no fue compartida con Renfe, lo que contribuyó a la falta de conocimiento sobre el problema.

Esta situación sugiere que, al momento de la firma del contrato, CAF era plenamente consciente de la inviabilidad de cumplir con las condiciones pactadas. A pesar de esto, la empresa procedió a firmar el contrato 54 días después, sin informar a Renfe sobre los problemas evidentes con los gálibos.

El desencadenante de la revelación pública de estas irregularidades se produjo en enero de 2021, aproximadamente un mes después de la firma del contrato. Fue en una reunión con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) donde Renfe tomó conocimiento del problema con los gálibos. Este descubrimiento llevó a la inmediata paralización de la ejecución del contrato por parte de Renfe.

Resulta sorprendente observar que, a pesar de que todas las partes involucradas eran conscientes del problema en enero de 2021, no se comunicó públicamente, ni siquiera a las autoridades de Cantabria y Asturias. Este hecho, sumado al papel de las empresas públicas Adif y Renfe, que son dependientes del Ministerio, plantea interrogantes sobre la transparencia en el proceso.

Incluso en abril de 2022, Renfe mantuvo una reunión con representantes del Ministerio, incluyendo al secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y personal de la secretaría de Estado. A pesar de estos encuentros, la información crucial aún no trascendía públicamente, lo que agrega un componente adicional de cuestionamiento a la gestión de la situación.

Este episodio deja al descubierto no solo las deficiencias en la gestión contractual sino también la falta de un protocolo efectivo para la comunicación y coordinación entre las entidades involucradas en proyectos de esta envergadura. La necesidad de establecer salvaguardas y procedimientos robustos se vuelve evidente para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar la integridad de proyectos de infraestructura crítica.

En resumen, la auditoría ministerial ha destapado un entramado de fallos en la gestión del contrato ferroviario para Cantabria y Asturias, señalando la necesidad urgente de mejorar los procesos de coordinación y comunicación en proyectos de esta naturaleza.

La culpa no recae sobre una sola entidad, sino que es compartida entre varias:

1. Renfe: Cometió el error inicial al publicar pliegos de contrato con información errónea sobre las medidas de los trenes, sin verificar adecuadamente las especificaciones del gálibo necesario para la red de ancho métrico.

2. Adif: A pesar de tener en su posesión información crítica sobre las medidas de los túneles, no la compartió de manera efectiva con Renfe en la fase de preparación del contrato. Además, entregó a CAF documentación que evidenciaba el problema, pero no aseguró que esta información crucial llegara a Renfe.

3. CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles): Sabiendo que había un problema con las medidas de los trenes y que estos no cumplirían con las especificaciones necesarias, procedió a firmar el contrato sin comunicar esta información esencial a Renfe.

La situación refleja una falta de coordinación y comunicación adecuada entre todas las partes involucradas. Aunque CAF tenía información directa sobre la imposibilidad de cumplir con el contrato y procedió a firmarlo, Adif y Renfe también fallaron en sus procesos de verificación y comunicación. Por lo tanto, todos comparten responsabilidad en la cadena de errores que llevó a este costoso malentendido.

Este caso subraya la importancia de la verificación cruzada de la información técnica y la comunicación efectiva entre todas las partes de un proyecto. La lección aprendida debería ser la implementación de mejores prácticas de gestión de proyectos y comunicación entre entidades para evitar la repetición de este tipo de errores en el futuro.