El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha archivado la vigésima primera denuncia presentada contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19. Este fallo judicial ha vuelto a poner en el foco de atención la gestión de las autoridades regionales en medio de una crisis sanitaria sin precedentes que afectó no solo a Madrid, sino también a toda España y al mundo entero.

Proceso de Instrucción Prolongado

El proceso de instrucción de este caso se prorrogó en varias ocasiones para permitir la realización de diferentes diligencias investigativas. Estas incluyeron la declaración de una mujer en calidad de investigada, así como la recopilación de testimonios y documentos relevantes para esclarecer los hechos denunciados. Durante la instrucción, el magistrado también escuchó a expertos en geriatría, trabajadores de las residencias y otros profesionales sanitarios que estuvieron directamente involucrados en la atención a los ancianos durante el punto álgido de la pandemia.

Análisis Jurídico de los Hechos Denunciados

En el auto de archivo, el juez explicó que el concepto de homicidio imprudente por omisión podría haber sido aplicable si durante la investigación se hubiera identificado a un sujeto responsable al que imputar este delito. Sin embargo, según lo documentado en el expediente, ni las pruebas obtenidas ni las partes acusatorias pudieron establecer la responsabilidad de una persona en particular en la gestión de las residencias durante esos meses críticos.

El juez argumentó que las decisiones tomadas por los responsables de las residencias y los profesionales sanitarios se enmarcaron en un contexto global que obligó a todos los sistemas de salud a actuar bajo presión y en circunstancias desconocidas hasta ese momento. De esta forma, se concluyó que no existían indicios claros de imprudencia penalmente relevante por parte de la responsable de la residencia investigada o del personal médico denunciado.

Impacto de la Pandemia en Madrid

El documento judicial subraya que el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-19 no fue exclusivo de la Comunidad de Madrid, sino que se extendió a numerosos países en todo el mundo, con consecuencias trágicas en muchas regiones. Los responsables de los sistemas sanitarios se enfrentaron a una emergencia sin precedentes que obligó a tomar decisiones difíciles para gestionar los recursos disponibles, y en muchos casos, elegir entre pacientes para el acceso a los limitados tratamientos hospitalarios.

En Madrid, el virus tuvo un efecto devastador sobre las residencias de mayores, donde muchos pacientes contrajeron la enfermedad y fallecieron a causa de complicaciones relacionadas con sus patologías preexistentes. Los informes médicos muestran que una gran cantidad de personas mayores en residencias padecían enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y deterioro cognitivo. La combinación de estos factores con el virus resultó letal en un número significativo de casos, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario por mitigar la propagación y los efectos de la enfermedad.

Detalles de la Investigación Pericial

El juez también citó en su fallo el informe pericial del 13 de junio de 2022, que analizó en detalle el caso de un hombre fallecido en una residencia de Madrid. El informe detalló los antecedentes médicos del paciente, que presentaba múltiples patologías, incluyendo un deterioro cognitivo severo. Los expertos concluyeron que el tratamiento y el seguimiento que recibió el hombre desde el inicio de los síntomas que derivaron en su muerte se ajustaron a la lex artis ad hoc, es decir, a las mejores prácticas médicas vigentes en ese momento.

Asimismo, el informe señaló que incluso si se hubiera indicado la derivación e ingreso hospitalario del paciente, es probable que el resultado hubiera sido el mismo, dada la alta tasa de mortalidad asociada con la COVID-19. Durante los momentos críticos de la pandemia, los hospitales estaban desbordados y muchos pacientes graves no lograron recibir atención hospitalaria debido a la falta de camas y la presión sobre el personal sanitario.

Estrategias Sanitarias Durante la Crisis

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha defendido repetidamente sus decisiones durante la gestión de la crisis en las residencias, argumentando que se tomaron medidas extraordinarias para tratar de contener el impacto de la enfermedad en las poblaciones más vulnerables. Entre las estrategias adoptadas estuvieron la movilización de equipos médicos para brindar atención a los residentes en los centros geriátricos, el establecimiento de protocolos para el manejo clínico de los casos sospechosos y el aislamiento de los positivos.

El Gobierno de Madrid también destacó la colaboración con organizaciones privadas para habilitar hospitales de campaña y centros sanitarios temporales para descongestionar los hospitales convencionales. El ejemplo más notorio fue la creación del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, que funcionó como un centro especializado en la atención de casos de COVID-19.

Reacciones de la Oposición y Familiares de las Víctimas

A pesar de la decisión judicial de archivar esta denuncia, la gestión de las residencias por parte del Gobierno de Ayuso sigue siendo un tema de debate acalorado entre los partidos políticos y las asociaciones de familiares de víctimas. Los grupos de la oposición, encabezados por el PSOE y Más Madrid, han mantenido críticas constantes sobre las decisiones tomadas, acusando a las autoridades de no proporcionar recursos suficientes para el cuidado de las personas mayores y no derivar a muchos residentes a hospitales.

Por su parte, las asociaciones de familiares han demandado transparencia y responsabilidad, cuestionando las órdenes emitidas durante los primeros meses de la pandemia, que restringieron los traslados de ancianos con determinadas patologías a centros hospitalarios.

Justicia y Proceso Judicial

El auto judicial destacó que, a pesar de que se han presentado múltiples recursos contra la gestión del Gobierno madrileño en las residencias, ninguna de las pruebas ha demostrado la existencia de responsabilidad penal en la actuación de los funcionarios. Además, se recalca que las decisiones tomadas en esos momentos difíciles debieron ser sopesadas bajo un contexto global de incertidumbre y desbordamiento sanitario.

Frente a la resolución del archivo de esta vigésima primera denuncia, se interpuso un recurso de reforma que fue desestimado por otro auto, seguido de un recurso de apelación que también fue rechazado. En consecuencia, el juzgado subrayó que no se evidenciaba una imprudencia relevante en la actuación de los profesionales sanitarios investigados.