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El Diario de Cantabria

CONVENIO

El Consistorio devolverá 6,9 millones a la Fundación Caja Cantabria

Debido al convenio urbanístico por la parcela de la antigua residencia de Cazoña y que quedó sin efecto por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital cántabra.

César Díaz y María Tejerina con los representantes de la Fundación Caja Cantabria. / ALERTA
César Díaz y María Tejerina con los representantes de la Fundación Caja Cantabria. / ALERTA
El Consistorio devolverá 6,9 millones a la Fundación Caja Cantabria

El Ayuntamiento de Santander y la Fundación Caja Cantabria ultiman un acuerdo para devolver a la entidad las cuantías que abonó al Consistorio por el convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña, que quedó sin efecto por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La voluntad de ambas partes es cerrar un acuerdo que, por un lado, permita a la entidad contar con esos fondos para el sostenimiento de su actividad social, y por otro, atenúe los efectos de la devolución en las arcas municipales repartiendo el pago en varias anualidades y sin aplicar intereses.

Todo ello, además, sin perjuicio de las reclamaciones que pueda plantear el Ayuntamiento ante otras administraciones, al tratarse de una situación derivada de la anulación del PGOU por una causa externa al Consistorio y al propio Plan General, como fue la anulación del bitrasvase por su deficiente evaluación ambiental. Según ha explicado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, el convenio urbanístico que firmaron el Ayuntamiento y la entidad en diciembre de 2010 contemplaba un cambio de usos de la parcela de Cazoña propiedad de la entonces Obra Social de Caja Cantabria para dotarla de usos residenciales en la revisión del PGOU que estaba en curso.

En virtud de aquel acuerdo, tras la entrada en vigor del Plan General de 2012, la entidad abonó al Consistorio 6.940.892 euros por la revalorización de los terrenos, un importe que ahora solicita que se devuelva, al haber quedado sin efectos el convenio urbanístico y haber perdido la parcela el uso residencial. Nada más conocerse la anulación del PGOU, tanto el Ayuntamiento como la Fundación Caja Cantabria empezaron a trabajar en la búsqueda de un acuerdo entre ambas partes para dar respuesta a esta situación y ahora están terminando de perfilar un convenio que plantea la devolución del dinero sin intereses y en siete anualidades (entre 2017 y 2023). En concreto, se propone un primer pago a la entidad este mismo año, por importe de 940.892 euros y con cargo a los remanentes municipales, y se prevé también ya una segunda partida de 2 millones de euros con cargo a los presupuestos de 2018. Asimismo, se contempla la posibilidad de volver a ampliar los usos de la parcela (de carácter dotacional con el planeamiento ahora vigente) a través de una modificación puntual del PGOU en vigor, en cuyo caso se podría compensar también el importe de las devoluciones pactadas con el Consistorio.

Igualmente, en virtud de este acuerdo, la Fundación Caja Cantabria se compromete a ampliar las líneas de colaboración que mantiene con el Ayuntamiento, tanto a través de programas y acciones de carácter social, educativo, ambiental o cultural, como mediante la cesión de espacios en el Centro de Acción Social y Cultural (CASYC) para que el Consistorio pueda desarrollar actividades sin coste alguno.

A través de este convenio que prevén firmar el Ayuntamiento y la Fundación Caja Cantabria se atiende un derecho de la entidad a recuperar los recursos que aportó al municipio a cambio de unos usos sobre la parcela de Cazoña que no se llegaron a materializar. Además de la partida para la anualidad de 2018 del convenio con la Fundación Caja Cantabria, las cuentas del próximo año incluyen también una consignación de otros 500.000 euros por si hubiera que hacer frente a compensaciones económicas por el convenio urbanístico que permitió la incorporación de unos 21.000 metros cuadrados de espacios públicos en el área de Mataleñas y el entorno del faro. En este caso, se trata de un convenio urbanístico aprobado por el pleno de la Corporación en diciembre de 2010 para afrontar la obligación de expropiar dichos terrenos a instancia de sus propietarios.

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